El gerente general de Corporación Meier, Lientur Fuentealba Meier, presentó un escrito ante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el que solicitó anular la última licitación de las plazas de juegos en la que participaron Enjoy, Dreams y Marina del Sol.

El grupo de capitales chilenos, que opera los casinos de Talca y Puerto Natales, pide la nulidad del proceso luego que se conociera un informe elaborado por el estudio de abogados Contreras Velozo que detalla una serie de prácticas que llevó adelante el presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky con sus pares y que podrían constituir prácticas de colusión.

En su presentación, Grupo Meier explicó que solicita la nulidad de 10 resoluciones dictadas por la Superintendencia de Casinos de Juego el 12 de agosto de 2022. “Todas esas resoluciones fueron dictadas en el marco de los procesos licitatorios de otorgamiento y renovación de permisos para la operación de casinos de juego, cuyas bases fueron aprobadas por la SCJ por la Resolución Exenta Nº 430 de fecha 24 de junio de 2020 y la Resolución Exenta N° 482 de fecha 25 de agosto de 2021, y en virtud de las Resoluciones Recurridas fueron renovados por 15 años los permisos de operación de casinos de juego a empresas pertenecientes a los grupos Marina del Sol, Dreams y Enjoy en las comunas de Valdivia, Mostazal, Los Ángeles, Temuco, Osorno , Punta Arenas, Calama, Talcahuano, Rinconada de los Andes y San Antonio”, acotó.

Agregó que a partir de antecedentes que se han hecho públicos en las últimas horas, ha quedado de manifiesto que las resoluciones citadas constituyen “actos contrarios a derecho, procediendo, en consecuencia, su invalidación por cuanto se han infringido los principios rectores de las bases de licitación antes referidas”.

En efecto, el 31 de marzo de 2023, fueron publicados en distintos medios de prensa antecedentes concretos que acreditarían la existencia tanto de conductas “facilitadoras de la colusión”, como de conductas “constitutivas de un acuerdo o práctica concertada de respeto con relación a las licitaciones”, es decir, de un acuerdo o práctica concertada entre competidores entre sí consistente en afectar el resultado de procesos de licitación”, consignó el escrito al que tuvo acceso Pulso.

En esa línea, Grupo Meier sostuvo que “la existencia de conductas constitutivas de un acuerdo o práctica concertada de respeto con relación a las licitaciones, infringe abiertamente el principio de protección de la libre competencia, en virtud del cual las bases de licitación promueven la competencia entre todos los postulantes nuevos y/o renovantes de un permiso de operación ya otorgado, velando por el cumplimiento de la normativa dispuesta en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973″.

Según el conglomerado, a partir de las publicaciones, se ha confirmado que previo a la dictación de las mismas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) habría iniciado una investigación, en cuyo marco habría ejercido una de las medidas intrusivas contempladas en el Decreto Ley Nº 211. “Más allá de lo anterior, en agosto de 2022 se difundió a través de distintos medios de comunicación la noticia de que la FNE había ejercido tales medidas intrusivas, lo que fue autorizado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, considerando que la FNE habría aportado antecedentes graves y calificados sobre la ocurrencia de tal ilícito anticompetitivo, y por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, nuevamente conforme a la misma norma, verificó la existencia de antecedentes precisos y graves acerca de la existencia de prácticas de colusión, reunidos por la FNE con anterioridad a la solicitud de autorización de la medida de allanamiento”, añadió.

Por otra parte, previamente a la presentación de las ofertas en estos procesos licitatorios, en varias oportunidades Grupo Meier recordó que dio a conocer la necesidad suspender el proceso por la fusión de los operadores de Casinos de Juego Dreams y Enjoy, y que este estaba siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica, a partir de los riesgos anticompetitivos, especialmente de coordinación, que se generarían por el hecho de estarse negociando dicha operación a escasos días de la fecha de presentación de ofertas económicas.

“Al renovar los permisos a empresas respecto de las cuales existe evidencia pública de que desarrollaron conductas constitutivas de un acuerdo o práctica concertada de respeto con relación a las licitaciones, es decir, que acordaron afectar el resultado de los procesos licitatorios, implica también vulnerar el principio de estricta sujeción a las Bases de licitación, al haberse vulnerado en su dictación tanto el principio de libre competencia, como el principio de coordinación, que forman parte integral de las bases de licitación”, concluyó.